Buen día, apreciado lector:
Con la república reunida en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y de la Conferencia Nacional de Procuradores, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió el pasado viernes, en el Distrito Federal, un inesperado respaldo de magistrados, jueces, procuradores, fiscales y demás personal especializado del sector, de todo el país.
Esto, contra la serie de protestas y actos vandálicos “perfectamente bien orquestados”, como denunció la periodista Beatriz Pagés Rebollar, replicados en varias partes del país y que, dijo, evidencian que la desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa forma parte de una trampa estratégicamente puesta a las instituciones mexicanas.
En esa reunión, planeada más de tres meses antes de los hechos de Iguala, por el tozudo magistrado Edgar Elías Azar, maestro de Peña Nieto en la UNAM, el titular del Poder Judicial de Veracruz tuvo casual intervención que motivó al presidente de la república.
Resulta que al llegar y saludar a algunos de los asistentes, Peña Nieto se dirigió, entre otros, al magistrado Alberto Sosa Hernández, éste le estrechó la mano y lo contuvo para reconocerle brevemente sus oportunas decisiones apegadas a derecho, con la prudencia para llevar los rumbos de la nación sin dudas ni titubeos, aun en momentos complicados, “precisamente, en horas que han puesto a prueba el mejor temple de las instituciones democráticas”, ello, ante el asombro y simpatía de los testigos, como el propio Elías Azar o el procurador Jesús Murillo Karam, quien gratamente sorprendido, preguntaba quién era.
Ya en la tribuna, Elías Azar, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF y de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (Conatrib), celebró “la reciedumbre” del primer mandatario.
Dijo que ellos le reconocen “el grado supremo de responsabilidad política y jurídica en tanto se encararon problemas de justicia y de seguridad pública, que venían afectando al país de años atrás, sin titubeos y sí con firme decisión de hallar entre todos, con un México en movimiento, las respuestas adecuadas”.
Consideró que la estrategia presidencial es notable por la inteligencia y diligencia puestas en juego “y precisamente es para movernos a todos de manera inmediata y no dilatar ni postergar, bajo ningún pretexto ni obstáculo, respuestas pertinentes y acciones específicas en esos campos de nuestra vida nacional, que continúan urgidos de soluciones en materia de justicia, pues las inercias de la violencia generada, repito, desde hace muchos años no ceden y las conductas desviadas y provocadoras aún persisten en su intento de socavación del orden que ahora todos buscamos y que su gobierno atiende de manera firme y prioritaria”.
Precisó que “ni aún ante los más grandes problemas o las tragedias más infames, un líder de un estado de derecho puede ignorar esta regla. Eso es lo que distingue a una democracia civilizada de una autoridad discrecional y arbitraria”.
VERDADERA AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL
Por cuanto hace a la responsabilidad de los poderes judiciales del país, comentó que en estos momentos de la historia se requieren replanteamientos e innovaciones, diseñar mejores instrumentos legislativos y renovar y mejorar políticas públicas.
Por lo mismo no desaprovechó la oportunidad para plantear el verdadero motivo que dio origen a la convocatoria de esta reunión meses antes de la tragedia de Guerrero, que no era otro que el insistir en “impulsar la independencia, la imparcialidad, la equidad, la eficiencia y predictibilidad del sistema de justicia para que pase de ser un obstáculo a un notable desarrollo”.
De esta manera dijo que los poderes judiciales esperan con el definitivo impulso del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión, “fincar con firmeza y solidez nuestra verdadera autonomía e independencia en la función jurisdiccional”.
Elías Azar aseguró que “sólo por la vía de la autonomía presupuestaria en la que exista corresponsabilidad del gasto entre la federación y los estados, que garantice pisos irreductibles de gasto e inversión para la función judicial en el país, inscrita en la ley suprema, estaremos todos en condiciones de desarrollar de manera óptima nuestras responsabilidades”.
Indicó que sería correcto formar un fondo nacional para el desarrollo de la justicia a partir de remanentes anuales de las entidades públicas, necesario para enfrentar el gasto corriente que, sin duda, se duplicará en forma automática con la entrada en vigor de la reforma penal.
Finalmente explicó que buscan como respuesta a esa demanda legítima de autonomía judicial, los procesos que emprenden en el fuero común de las 32 entidades federativas para garantizar que sólo los mejores perfiles profesionales y éticos integren las instituciones públicas, “que nuestras determinaciones sean respetadas y no invalidadas por otras autoridades que dejan sin sentido nuestras atribuciones en materia de disciplina judicial”.
Habrá que ver el desenlace.
Que tenga el lector un buen y no tan frío día.
gustavocadenamathey@hotmail.com