Una nueva conciencia ciudadana está surgiendo en México y con ella una nueva concepción del país que queremos.
SI bien todos hemos estado de acuerdo en que las movilizaciones estudiantiles y de la población civil han sido el detonante necesario para ello, es tiempo ahora de ver con la cabeza fría el paso que sigue para hacer que lo que ha pasado de las muertes en Ayotzinapa (26 de septiembre) y Tlatlaya (30 de junio) no vuelva a repetirse y se cierre este negro capítulo de nuestra vida con acciones de consecuencias reales y objetivas, que tengan una finalidad de cambio posible por necesario y no se divague entre la violencia infructuosa y fácilmente criminalizable, el egocentrismo y el exhibicionismo personal que cae en la banalidad e irresponsabilidad, ya que desvirtúa y compromete toda una causa al dañar vidas y patrimonios de quienes deben ser aliados en esta lucha en contra del enemigo real y está al frente: la corrupción gubernamental y su alianza con el crimen organizado.
La acción aislada que no tenga otro objetivo que la pose individualista y el erigirse en héroes momentáneos que empañen toda una razón ideológica que está ya madurando en cada una de las comunidades del país, no sólo enturbia la legitimidad y razón de un movimiento, sino aún más, la altera y hace perseguible por el estado, que se ve amenazado.
Y es que sin finalidad ni objetivo, sin ideología que inspire un movimiento, toda causa, por legítima que sea, está condenada a diluirse.
La única forma de acabar con un sistema corrompido es la lucha dentro de la legalidad y eso deberá ser fácil si el apoyo popular ahora mostrado se mantiene y no se difumina y dispersa hasta un momento definitorio del ejercicio electivo del propio sistema.
Debemos ahora empezar una real movilización –con objetivos concretos– con sustento legal y un ideal que una en una sola voluntad a la ciudadanía de todas las edades. El cambio, la evolución, aun la institucional que se avecina, requiere de todos y de todas las personas, de todas las edades y todas las condiciones sociales, con el único requisito de que lo que se quiera es cambiar para bien las estructuras de este sistema de estado que ya no funciona en México, retornar al nacionalismo, a la educación solidaria, integral y dentro de los principios de nuestra tradición e historia, integrándonos a la tecnología para uso del hombre y no para su explotación, volver a la tierra y nuestros orígenes de sustentabilidad alimenticia, de ocupación regional, realización personal dentro de nuestras concepciones del trabajo productivo y protegido por leyes que pongan en primer lugar al hombre y su familia y no a la empresa. Y los compromisos políticos económicos con los grandes consorcios familiares y transnacionales, los bancos internacionales y sus recetas de progreso global y macroeconomía para pasar a satisfacer primero las necesidades primarias del hombre y la mujer y sus familias mexicanas.
Toca ahora a la población civil irrumpir en la vida política institucional, paso sin el cual esta lucha y las muertes de estas personas habrán sido en vano.
Para quienes ante la palabra política fruncen el ceño, diremos que no es tiempo de hundir a México en un baño de sangre que aniquilaría a millones de nuestros compatriotas. En un país civilizado es necesario utilizar los medios constitucionales que el dominador ha utilizado, Se le debe derrocar con sus propias reglas.
No lo digo yo, lo ha dicho Federico Engels, de la siguiente manera: “Nosotros los revolucionarios, los elementos subversivos, prosperamos mucho más con los medios legales que con los medios ilegales y la subversión. Los partidos del orden, como ellos se llaman, se van a pique con la legalidad creada por ellos mismos”.
La inteligencia debe prevalecer y la causa debe prosperar y arraigarse entre la ciudadanía. La muerte de los compañeros normalistas debe aclararse y castigarse a los responsables. No se les puede presentar vivos si están muertos. Duele inmensamente esta verdad pero así es. Lo que ahora debemos vigilar es que no se vuelvan a repetir, por la propia apatía y olvido de la sociedad, estos bárbaros crímenes.
Que se castigue a los culpables y se organice la sociedad y en las próximas votaciones se elija a ciudadanos de trayectoria honesta y de lucha real en el campo de las ideas y la construcción del país; ni a falsos abanderados de la revolución ya enterrada viva, ni a contrarrevolucionarios convenencieros y reformistas en su favor, como tampoco a charlatanes y farsantes. A nadie de ningún partido político, sí a ciudadanos solamente que cobren un salario modesto o que no cobren al ejercer un cargo honorífico al que les obliga el pueblo, que no vayan simplemente a robar, que no hagan uso de la riqueza del país para su uso personal. Que apliquen la ley y ajusticien a quienes encuentren culpables de delitos en contra de la nación, como se hace en otros países y se juzgue y se les castigue, porque sólo entonces será posible, a quienes habiendo tenido la facultad de ejercer el poder y habiendo podido salvar las vidas de estos jóvenes, ignoraron la situación y dejaron pasar los días, semanas y meses para tardíamente intervenir, en un franco abandono de sus responsabilidades.
El juicio de la historia y de la sociedad se podrá entonces hacer no mañana, pero sí en ese presente cercano que es posible crear.