Cuando Echeverría mutiló al
periódico Excélsior; los sucesos

En junio de 1976, puntual el tiempo, exactamente 38 años, centenares de paracaidistas invadieron el fraccionamiento Paseos de Taxqueña, propiedad de la cooperativa que manejaba el periódico Excélsior de la ciudad de México. Los encabezaba Humberto Serrano, líder del Congreso Agrarista Mexicano y candidato a diputado del PRI por el distrito 26; de él se dijo entonces que era gente menuda al servicio del sistema, a quien se le encomendaban trabajos sucios. Se discutió entonces, para justificar la invasión, que los terrenos fraccionados eran propiedad ejidal y que, por tanto, la posesión en manos de la Cooperativa de Excélsior era ilegal.
En el proceso se involucraron los nombres de Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la Reforma Agraria y en junio ya presidente del CEN del PRI; el de Félix Barra, secretario sustituto. La dilación, como constante, presidió las gestiones realizadas por los funcionarios de Excélsior para la clarificación de los hechos.
Paralela en el tiempo y en la confusión, se desató dentro de la cooperativa una corriente que cuestionaba al director, Julio Scherer García; al gerente general, Hero Rodríguez Toro, y al equipo de sus colaboradores. Se afirmó que detrás de la invasión estaban Gómez Villanueva y Barra, detrás de la conspiración se localizaba a Fausto Zapata Loredo, subsecretario de la Presidencia encargado de las relaciones con los medios de comunicación, y a Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario de Trabajo y de Educación y ya en junio presidente del CEN del PRI.
El presidente Luis Echeverría, se dijo, estaba molesto con Excélsior porque consideraba la página editorial como foro violento de crítica a su persona y a su gobierno, y que, en general, estimaba que la línea del periódico no llenaba las normas de calidad que el gobierno establece para la interpretación de la libertad de prensa, y que, en los extremos de la “pinza”, la invasión del fraccionamiento Paseos de Taxqueña y promoción acelerada de un “golpe” dentro de la cooperativa, aleteaba el propósito de sacar a “los malos” y entronizar a “los buenos”.
Bastaron seis semanas para que el propósito se realizara; una asamblea de cooperativistas expulsó a los dirigentes, 49 colaboradores de la página editorial y un grupo de reporteros decidieron su retiro; los paracaidistas fueron retirados del fraccionamiento, y el periódico volvió al uso pacífico y tranquilo de la libertad de prensa.
El presidente Echeverría, mañoso, cuidadoso de las formas, negó reiteradamente su participación en el “golpe” y se refugió en un viejo y pícaro recurso: “tenemos entendido que existe un conflicto de intereses y simpatías entre los cooperativistas”.
Ese mismo mes de junio de 1976, Echeverría asistió a la comida anual de la libertad de prensa y reiteró, en discurso emocionado, que los medios de comunicación recogieron en grandes titulares, la decisión del gobierno para mantener un respeto irrestricto a la libertad de prensa.
El tiempo vuela. Datos nuevos sacudieron el polvo acumulado sobre la memoria; puntual, exacto, seis años después, los medios de comunicación deslizaron discretos, la decisión del gobierno para retirar su publicidad a las revistas Proceso y Crítica Política, y una velada amenaza lanzada sobre una estación radiodifusora que patrocinaba un programa llamado “Opinión Pública”, y que alcanzaba una extraordinaria popularidad.
Periodistas prestigiosos comentaron en sus columnas el retiro de la publicidad como arma de presión para limitar la crítica o como revancha del gobierno contra la opinión disidente. La revista Proceso explicó en sus páginas los antecedentes del retiro publicitario y señaló al señor Francisco Galindo Ochoa, coordinador de Información de la Presidencia de la República, como responsable y autor de la campaña desatada para retirar a Proceso toda la publicidad oficial.

DISCREPAR NO ES ODIAR, NI DESTRUIR

A Echeverría no le gustaban las críticas y los críticos salieron de Excélsior.
Seis años después, junio de 1982, cuando gobernó uno de los más frívolos presidentes que ha tenido México, José López Portillo, en el Día de la Libertad de Prensa, al gobierno le disgustaban también las críticas que procedían de foros antipáticos y esta vez se refugió en la palabra elegante, polémica, violenta, para condenar a “los malos” y exaltar a “los buenos”. Al fin de cuentas, queda en residual objetivo la certidumbre de que al gobierno le disgusta la crítica. La permite, la tolera, mientras permanezca en los marcos rigurosos de las normas de control de calidad que el mismo gobierno establece. La violación a esas normas molesta y la reacción del poderoso es implacable.
Durante los últimos meses de ese gobierno, desde el vértice del poder se lanzó a la circulación, en obsesión, el verbo “pegar”: “no te pago para que me pegues”, dijo López Portillo en un arranque de soberbia sexenal. Y tal vez, en perspectiva más humana, más democrática, convino subrayar, para el restablecimiento de la paz y de la concordia como datos esenciales que promueven la convivencia ordenada y fraterna, que discrepar no es “pegar”; es malo, para el gobernante, buscar de los gobernados el sometimiento y la zalamería, el halago y el incienso. El gobernante no es dios en el altar; es hombre de carne y hueso, prodigio y misterio en la aventura que busca el acierto y encuentra el error; portador de humildad, sabiduría y audacia para la rectificación y perseverancia para el recomenzar.
Discrepar no es odiar, ni destruir. Es enriquecer el diálogo, multiplicar las alternativas, transitar los puentes. En la discrepancia, nutrida en la comprensión, el hombre construye todos los días en el microuniverso de su vida personal, escenarios para el amor. En la discrepancia, el ciudadano construye y rescata su destino en el foro que incorpora los grandes valores: país, nación, estado, patria, geografía, historia.
El gobernante que es soberbio siempre anda con rencor, con la revancha y la violencia en la mano golpeando la mesa o el escritorio, y todo eso aniquila la libertad y el buen gobierno.

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