Hay quienes levantan el ceño por la precipitada caída de popularidad –e incluso presencia– del presidente Enrique Peña Nieto en el último mes, luego del lamentable caso Iguala y el de Tlatlaya en el Estado de México, asuntos de sobra condenados en el interior y en el exterior del país.
Ilegitimidad, manejo harto dificultoso de la crisis, estado de derecho en entredicho, complicidad institucional, desconfianza, guerra no declarada, crueldad, terror, cualquier cantidad de calificativos se sueltan con tal de distinguir una crisis, en efecto, de estado, de las que suelen ocurrir en las sociedades de ayer y hoy y esperemos que no mañana.
El fenómeno de la delincuencia organizada se ha ido agudizando desde la década de los 60 en adelante, asunto evidentemente conocido si no compartido por altas esferas del poder político, económico y ya no digamos social, por un aumento indiscutible en adicciones a estupefacientes y creciente número de delitos deleznables como el secuestro, extorsión, trata, prostitución, migrantes y armas desde el norte, luego sur y ahora hasta el centro.
Las policías –excepciones honrosas, unas cuantas–, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, han sabido el desenvolvimiento de los principales cárteles de la droga, de su crecimiento internacional, de las redes que se entretejen, del trasiego y todo lo que arrastra a su paso, al grado que apenas en el sexenio anterior se llegó al extremo de registrar nada menos que cerca de 70 mil muertes y cuando menos unos 20 mil desaparecidos.
El ex presidente Felipe Calderón hizo lo que creyó conveniente sobre las formas de enfrentar este fenómeno, sin embargo lo que no puede ocurrir es quedar en una cuasitotal impunidad burocrática en la que los responsables de esos crímenes –entre bandas la mayor parte de ellos– anden o anduvieron por ahí como si nada, con las consecuencias vistas recientemente.
Enrique Peña Nieto encuentra un país con esos grupos delincuenciales muy fragmentados, envueltos en toda clase de asechanzas desde las calles, carreteras, puertos, terminales de autobuses y aéreas, por dondequiera, y algo que se tiene que enfrentar y sobre todo dar a México la calidad que merece urgentemente la aplicación de las leyes.
Cuando el Ejecutivo federal fue a conmemorar el Día del Médico el jueves anterior y expresar su evidente preocupación por esclarecer hasta el fondo los acontecimientos de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa (43 desaparecidos, seis muertos, 23 heridos), de estar día con día al pendiente de las investigaciones y de que aparezcan cuanto antes, también dijo en su discurso: créanme.
¿Cuándo un funcionario de ese rango del poder público –con todo lo que eso implica en México– había planteado una solicitud de cara a la sociedad, así?
Peña Nieto toca fondo en esta crisis, tiene al mismo tiempo la oportunidad histórica de dar el vuelco que requiere la nación mexicana en materia de seguridad, crecimiento económico, educación, salud y desarrollo, combate decidido a la corrupción e impunidad como tanto se suele repetir.
Además de las reformas en marcha, se requieren cambios estructurales muy profundos, lejos de las estridencias y frivolidades de muchos de quienes gozan del poder y el dinero y la codicia, como le sucedió al prófugo ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa Pineda, quienes en plena concordancia hicieron suyo todo lo que se movía en cada rincón del municipio, llegar a grados de crueldad, desestabilización e indignación nacional sobrados.
Por lo pronto el aún gobernador con licencia Ángel Aguirre, está fuera de las decisiones básicas orientadas a restaurar la institucionalidad, el respeto y el derecho, primero con los guerrerenses y después con todo el país. Si sabía de la situación en Iguala o no la sabía, deja un vacío que mantiene al país en un indigno vilo.
El nuevo Ejecutivo estatal, recién designado por el Congreso, Salvador Rogelio Ortega Martínez, ha de trabajar horas extraordinarias en replantear la relación gubernamental con toda la sociedad de esa entidad de tremendas desigualdades y desequilibrios, de preparación e ingreso, conjuntar todos los esfuerzos con la federación y los municipios por rescatar ese territorio de tanta infamia como el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, de los que todavía poco se sabe.
Atraque 1: Los senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla andan con todo por alcanzar una posible candidatura hacia el gobierno de Veracruz. Desde el centro de Xalapa y del Distrito Federal se analizan todas las posibilidades porque el PRI no quiere perder, bajo ninguna circunstancia, los votantes y el poder. “Pepe” Yunes lo sabe bien y en esas aguas se mueve.