Acostumbrado a imponer su propia ley, a pasar por sobre los derechos de los demás, César del Ángel Fuentes, dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos (una empresa familiar que pronto heredará su vástago, el actual diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo), no tiene empacho en echar bravuconadas contra la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), quien ha tenido la atingencia de señalar un comportamiento que puede ser constitutivo de un delito: el uso de menores de edad semidesnudas en recientes manifestaciones en Xalapa contra la Conagua y el titular de la Sedesol, Jorge Carvallo Delfín.
Pero no fue sólo Yadira Hidalgo, directora del IMMX, quien lamentó estas expresiones que vulneran la dignidad de menores de edad. La procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, Adelina Trujillo Landa, afirmó en su momento que, en caso de confirmar que se trató de menores de edad, interpondrían una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de quien resulte responsable o de los adultos que vienen con ellas, porque vulneraron sus derechos como infantes.
Y lo explicó muy bien:
“La Procuraduría tiene facultades para intervenir, están en su individualidad y proclaman el derecho a ser escuchados, pero trataremos de intervenir no porque el cuerpo lo sancionemos como algo prohibido, es su derecho, es su individualidad, es su manifestación, pero mientras sean menores de edad, los responsables de lo que pudiera ocurrirles son los adultos”.
Más claro ni el agua. Pero para el anciano líder esas expresiones son una afrenta; retó a sus detractores a que denuncien esos hechos ante la Procuraduría y adelantó que no prosperarán por tratarse de acusaciones sin sustento.
Tan tienen sustento que, en un medio digital, salieron las declaraciones de una adolescente de 16 años que bailó con el torso desnudo en el parque Juárez, mientras defendía su derecho a usar ese tipo de recursos para lograr respuestas a las demandas que todas las concurrentes esgrimían como razón para su presencia en la capital estatal.
César del Ángel Fuentes y su Movimiento de los 400 Pueblos se saben dueños de una total impunidad. El gobierno estatal no mueve una sola mano de cualquiera de sus tinterillos en la Procuraduría General de Justicia para poner coto a sus desmanes, como las agresiones a periodistas y a particulares, ni para proteger la integridad de menores de edad como en este caso.
Por eso, con la total seguridad de que no será molestado, el dirigente ha llamado a quienes lo critican a presentar pruebas en la Procuraduría y lao ha amenazado: “Tienen que acudir a la Procuraduría, si tienen alguna cuestión que presentar que acudan a las autoridades y no nada más que sea de manera mediática, porque nosotros sí les vamos a tomar la palabra y vamos a hablar con las personas que nos han señalado".
Si no atemperan al dirigente de esta organización parapriista, ya veremos a sus huestes bailotear grotescamente frente al palacio municipal para tratar de tirar de sus puestos a quienes han osado señalar un comportamiento que la cuestionada Ley de Defensa del Menor presentada por Enrique Peña Nieto sanciona de manera rigurosa, aunque se refiere más bien a los medios de comunicación, que estarían impedidos para publicar fotografías de menores de edad que acudan a manifestaciones si no tienen por escrito la autorización de sus padres o tutores.
De nada sirvió que la coordinadora de la asociación civil Equifonía, Aracely González Saavedra, pidiera a las autoridades investigar para que estas mujeres no sean víctimas de violencia sexual, al ser obligadas a bailar desnudas del torso, al servicio del líder de los 400 Pueblos. Y explicó:
“Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos del uso del cuerpo de las mujeres para obtener un beneficio económico o algún otro tipo de beneficio, también estamos hablando de trata, por eso se debe descartar esas presiones, o que se les esté obligando, y la autoridad debe intervenir”.
La autoridad, por supuesto, no intervino. Ni intervendrá. Porque en tratándose de justicia, sólo la pueden suministrar a los enemigos, como en el caso de la periodista y funcionaria municipal Marijose Gamboa. Quien sí lo hizo, al menos según la versión de Adolfo Toss Capistrán, director del DIF municipal, es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aunque ya veremos con el correr de los días cómo esta iniciativa se pierde en medio de la nebulosa burocracia que impera en ese organismo.

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