Las corporaciones policiacas manejadas por los presidentes municipales se han convertido, hace ya muchos años, en un serio riesgo para la población. Los bajos salarios y nula capacitación en los menesteres encomendados a sus integrantes, las han convertido en un peligroso polvorín, al ser extensiones del crimen organizado.
Baste citar el caso de Iguala, en Guerrero, donde sus integrantes, comandados por la organización Guerreros Unidos y el propio cuerpo edilicio, convirtieron al país en noticia internacional, con el asesinato de seis normalistas y la desaparición de otros 43 jóvenes, quienes a la fecha no han sido localizados en el enorme cementerio clandestino en que autoridades municipales del PRD y la organización delictiva convirtió los cerros circundantes.
Este domingo el Ejército y las fuerzas federales desarmaron a las policías municipales de Arcelia, Buenavista de Cuéllar y Taxco, hasta donde se trasladaron para rastrear a los normalistas y buscar al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca.
No hace falta ir muy lejos. En Coatepec, hace ya muchos meses que la población se quejaba de los abusos cometidos por los uniformados en contra, principalmente, de los jóvenes que andaban en la calle por las noches, buscando divertirse como ocurre en toda ciudad.
La chispa que encendió la pradera fue, sin duda, el asesinato a manos del propio comandante y dos genízaros más, del tesorero municipal Guillermo Pozos Rivera; por su celebridad y extraordinaria difusión, las autoridades estatales actuaron sin miramientos, pero la estela de corrupción, delincuencia solapada y abuso contra la población comenzaron desde el mismo momento en que el priista Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, tomó el mando del ayuntamiento en enero de este año.
En un operativo sorpresa, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron el 25 de septiembre al subdirector de Seguridad Pública municipal, Eder Omar Álvarez Tapia, su escolta Jairo Brígido Caballero y el motociclista Francisco Sandoval Hernández, acusados del homicidio del funcionario municipal, y recluidos en Pacho Viejo. Falta, por supuesto, saber si hubo autores intelectuales y son castigados con la severidad que amerita cualquier hecho delictivo de esta magnitud.
Las redadas organizadas cada fin de semana por las noches por la policía municipal para “entambar” a cientos de jóvenes que buscaban divertirse, por cuya salida exigían a sus familiares al menos 500 pesos por cabeza, bajo amenaza de remitirlos al penal de Pacho Viejo, han quedado impunes. Miles de pesos eran recogidos por el cuerpo policiaco sin mediar comprobante alguno y no se sabe si con la aprehensión del perro se acabó la rabia.
Lo extraño del caso es que el alcalde coatepecano “no se daba cuenta” de estos atracos ni de la participación de los enemigos íntimos de los coatepecanos en un hecho tan grave como el asesinato de uno de sus funcionarios.
Pero en todo el estado se cuecen habas. Policías municipales que son usados para reprimir a los comerciantes informales, como ocurre en Orizaba; elementos orientados casi exclusivamente a la seguridad de los alcaldes y sus familias, a proteger a las organizaciones delictivas, a dar el pitazo cuando se programaban operativos contra los criminales.

¿QUIÉN CONTROLA A LOS MUNICIPALES?

Definir el papel que deben cumplir las autoridades federales y estatales para hacer frente a esta peligrosa alianza, es un tema que debe abordarse de inmediato en el país para encontrar soluciones efectivas, rápidas y duraderas.
Que el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el propio presidente Enrique Peña Nieto, se hubieran querido lavar las manos al inicio del escándalo aduciendo que la situación era responsabilidad exclusiva del gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, muestra penosamente que no han entendido su responsabilidad sobre lo que ocurre en el país y que su tarea se refiere a brindar seguridad a todos los mexicanos.
Lo mismo tomaría señalar con tono acusatorio a los gobernadores que se quieran sacudir de toda responsabilidad en hechos como el ocurrido en Coatepec y en los municipios donde opera un cuerpo policiaco local, sólo por el hecho de que se digan respetuosos de la autonomía municipal.
El tema de la corrupción y participación delictiva de los policías municipales (y aquí debemos extenderlo a las policías estatales) no es nuevo. Se podría decir que estábamos mejor cuando estábamos peor, es decir, cuando los escasos elementos, mal armados, obesos y sin vehículos, que debían tener bajo su cuidado a miles de habitantes, sólo podían atender riñas de borrachos. Hoy son una fuerza desmedida que, empleada por los mismos criminales, constituye un magnificado peligro para la población.
Cuando desaparecieron las policías intermunicipales en Veracruz (entre ellas la de Xalapa y Veracruz-Boca del Río), la SSP se hizo cargo de la vigilancia, evitando con ello mandos y manejos intermedios en los municipios que las operaban. ¿Cuántos municipios veracruzanos tienen hoy su propio cuerpo policiaco?
El paso siguiente sería desaparecer a todas esas policías locales para unificarlas bajo un solo mando estatal. El riesgo, sin embargo, es que la SSP priorice la vigilancia de las grandes ciudades, ahí donde se concentran el poder y la riqueza, dejando en el abandono a las pequeñas poblaciones, lo que habría que impedir mediante ordenamientos legales para su operación.
Por su parte, el gobierno federal, en su lucha contra el crimen organizado, debiera incluir también la investigación sobre los nexos que los cuerpos policiacos mantienen con las organizaciones criminales para perseguir y castigar con todo el peso de la ley a los infractores. Una tarea monumental que urge en el país y cuya implantación no debiera requerir casos como el de Ayotzinapa.

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