Nadie duda, por supuesto, que el presidente Enrique Peña Nieto quiera que su partido, el PRI, arrase en las elecciones federales del año próximo para contar con el apoyo incondicional de sus diputados en la siguiente Legislatura; sin embargo, lo que a sus críticos y a algunos de sus propios correligionarios aún les cuesta trabajo creer es si el mandatario priista va a permitir que esa mayoría del tricolor llegue al Congreso de la Unión totalmente deslegitimada por un cuestionado triunfo electoral.

Y es que ahora que sustituyó en la ONU al indonesio Susilo Bambang en la presidencia de la Alianza por Gobiernos Abiertos, Peña Nieto remarcó que México recibía esta “gran responsabilidad” con el compromiso de promover “la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía”, pues definió que “los gobierno abiertos hoy son la nueva frontera de la democracia para que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más activa”.
La palabra del mexiquense ha quedado empeñada ante esa organización mundial. Habrá que ver, entonces, cómo procede ante la denuncia que este lunes 29 interpuso el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ante la Procuraduría General de la República en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por posible desvío de recursos.

El líder perredista declaró que tienen documentado el manejo indebido de programas de la Sedesol en la ciudad de México. “Ha salido información recientemente de dos o tres delegaciones, y el día de hoy, con evidencias claras (porque) los hemos estado siguiendo hace meses (...) en Venustiano Carranza, y los tenemos perfectamente ubicados con las manos en la masa de todas las pillerías y todo el manejo indebido que pagó el PRI y que en DF se está haciendo uso de los recursos de Sedesol”, afirmó Zambrano, quien expuso que todo ello “forma parte de una estrategia política que se está orquestando para arrebatarle al PRD en las elecciones del 2015 su principal bastión que tiene a nivel nacional”.

Tomando en cuenta lo anterior, no harían mal los funcionarios priistas del gobierno del estado de Veracruz con aspiraciones a las candidaturas a diputados federales en conducirse con extremo cuidado, realizar labores de operación política profesional, de tejido fino para en principio de cuentas cuidar a su jefe, el gobernador, y blindar sus propias aspiraciones.
Y es que aunque resulta más que evidente que las dirigencias locales de casi toda la oposición han sido cooptadas política y económicamente por el duartismo, no estaría por demás que los funcionarios priistas se movieran con mucha mayor cautela, ya que derivado precisamente del mal manejo, inexperiencia y desaseo político de algunos funcionarios estatales existen antecedentes que han desgastado innecesariamente la relación institucional y política del presidente Peña Nieto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa; a finales de enero de 2012, por ejemplo, fue el caso de las maletas con 25 millones de pesos incautadas en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, y en abril de 2013 detonó el escándalo nacional del llamado “Boca-gate” que no sólo motivó el cese del delegado estatal de la Sedesol, Ranulfo Márquez, y de otros funcionarios de esa misma dependencia federal, así como la renuncia del ex alcalde boqueño Salvador Manzur a la Secretaría de Finanzas y Planeación, sino que obligó también al propio mexiquense, chantajeado por los líderes nacionales del PAN y PRD, a firmar un adendum para salvar el Pacto por México.

Ahora con mucha mayor razón deberán andarse con mucho tiento, ya que en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia firme en el sentido de contemplar como actos anticipados de campaña los realizados por funcionarios públicos bajo el pretexto de su responsabilidad como servidores públicos, tomando como referente hechos controvertidos que se suscitaron en el estado de Colima durante el proceso electoral local de este año.
En Veracruz han empezado a darse situaciones de esta naturaleza, como el caso concreto del secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, quien desde hace meses viene realizando lo que parece tipifican actos anticipados de campaña al cobijo de su responsabilidad pública, lo que ha motivado que el PAN haya interpuesto ya una demanda en su contra por actos anticipados de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta imprudente actitud podría implicar que se vinieran por tierras las aspiraciones del titular de la SEV, considerando que en estos momentos lo que menos conviene al jefe político de Veracruz es ser protagonista de otro escándalo nacional derivado de la insensatez o descuido de algunos de sus colaboradores que piensan más en sus ansias de poder y protagonismo que en la de su propio líder.
Tampoco a Peña Nieto, que aparte de la comisión que preside en la ONU ha demostrado su capacidad de diálogo y negociación con las diferentes fuerzas políticas del país, parece convenirle que el proceso electoral nacional de 2015 se manche por situaciones de desaseo político originadas otra vez desde Veracruz, entidad que por contar con el tercer padrón de votantes del país seguramente estará en la mira telescópica de la oposición.