Javier Duarte de Ochoa presentará en esta semana, presumiblemente, su propuesta de reforma política para homologar la ley electoral local con la ley federal y la misma incluye la controversial gubernatura de dos años.
La intención la deslizó en distintos medios informativos, comenzando con el periódico Imagen.
Con ello estará marcando que ésta es su postura, con la esperanza de que los candidatos fuertes a sucederlo, tanto por el PAN como por el PRI, no se interesarán en buscar la nominación, dejando entonces el paso libre para nominar a un candidato de su gusto.
Sólo que su plan tiene tres pequeñas fallas:
1. La designación del candidato por el PRI partirá de la presidencia de la república, en atención al centralismo que el presidente Enrique Peña Nieto está impulsando.
2. Gustavo Madero ya dio muestras de que antes de seguir en el contubernio que los dirigentes panistas tienen con el gobierno de Javier Duarte, va a buscar el fortalecimiento y recuperación del PAN, tanto en Veracruz como en el país.
3. Una elección para un gobernador de dos años implica más gasto.
De hecho las cosas pueden complicarse para el grupo en el poder en Veracruz si el cambio de dirigencia nacional también remueve a quienes apoyan al llamado PRD rojo e impulsan un cambio de dirigencia para buscar retomar fuerza política.
Cierto es que quien verdaderamente manda en el gobierno del estado hizo una magnífica jugada para quedarse con toda la baraja política en 2013 y por eso ahora los reales contrincantes buscan, para comenzar, recuperar sus cartas.
Y en ese escenario se dará la designación de los candidatos a diputados federales el próximo año.
Gustavo Madero, por lo menos, buscará que el PAN tenga nominaciones que realmente levanten el interés de la población, porque –ya se sabe– la capacidad adquisitiva del PAN para los votos electorales disminuyó.
El PRD dependerá en mucho de su cambio de dirigencia para definir cómo actuará en 2015.
Javier Duarte quiere utilizar lo de la gubernatura de dos años –también– como un arma de intimidación para 2015.
Así la modificación tendrá que ser aprobada en dos periodos de sesiones ordinarias del actual Congreso de Veracruz, al afectar una reforma a la Constitución del estado, de acuerdo con lo que establece el artículo 84 del máximo ordenamiento legal de la entidad.
¿Y por qué se debe modificar la Constitución de Veracruz para establecer una gubernatura de dos años?
El artículo 44 señala: “El gobernador del estado durará en su cargo seis años y comenzará a ejercer sus funciones el 1 de diciembre siguiente a la fecha de su elección”.
Entonces hay que cambiarlo para abrir la posibilidad a un gobierno de sólo dos años.
Pero no podrán modificar lo referente a que el gobernador será electo, porque el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece también que esto será por elección directa:“El gobernador del estado será elegido por el principio de mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo”.
Tampoco podrán abrir la reelección, porque está prohibida en la Constitución de México en el mismo artículo: “Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho”.
Así la primera aprobación, atendiendo el 84 de la Constitución local, sería en este periodo de sesiones, que termina con este mes de julio de 2014; la modificación sería presentada por segunda vez en el periodo de fin de año y de ahí sería remitida a los ayuntamientos, porque para que la reforma sea válida se requiere obtener la aprobación de la mayoría de éstos, lo cual además debe darse en un periodo menor a 90 días naturales a partir del día siguiente en que reciban el proyecto, lo que tampoco será gran problema porque el grupo en el poder controla más allá de la mayoría simple de los ayuntamientos de la entidad.
Después de eso el Congreso o la Diputación Permanente hará el conteo de votos de los ayuntamientos y en su caso la declaratoria de que se aprobaron las reformas.
Y el cuento del ahorro en los costos de campañas se cae también por lo establecido en la Constitución de Veracruz, porque se tendrá que dotar de presupuesto al órgano electoral que organice la elección de 2016, sea para un gobernador de dos o de seis años, y por consiguiente a los partidos políticos.
Y en 2018 se tendrá que hacer un gran gasto, igual o mayor que en 2016.
¿Y quiénes serán los posibles candidatos para 2016, sea para una gubernatura de dos años o de seis?
Pues la última palabra sobre las designaciones, al menos en el PRI y el PAN, será la de México, la de los comités nacionales de ambos partidos, la de la presidencia de la república.
Así que, con reforma o sin reforma, el poder político electoral de Javier se merma.
Los terrenales observamos a quien pretendió ser el gran místico, en ascenso.

LA SEFIPLAN, EN MANOS DE AUDIRAC. Definitivamente, Javier Duarte se decidió por colocar como secretario de Finanzas a quien ya ha demostrado que lo más importante es el negocio cuando está en la función pública, y que por lo mismo ha tenido múltiples señalamientos de corrupción e ineficiencia: Mauricio Audirac.
Así que la Sefiplan quedará en manos de Audirac.
El puesto en el Orfis, que dejará Mauricio Audirac, será para otro miembro del mismo grupo, Ricardo García Guzmán, quien ha brincado del PRI al PAN para mantenerse en el poder y lejos de las amenazas. Durante el gobierno de Miguel Alemán amasó una gran fortuna como contralor del estado, y Alejandro Montano lo impulsó hasta llegar a la presidencia municipal de Pánuco. En 2008 fue célebre que al mismo tiempo que rendía su informe de labores, un convoy del Ejército detuvo a dos patrullas de la policía municipal en las que supuestamente había drogas.
Con esa amenaza y otras más, García Guzmán se acercó a Miguel Ángel Yunes en 2009 y la alianza que primero fue un rumor se evidenció cuando el hijo de García Guzmán, Ricardo García Escalante (hoy presidente municipal de Pánuco por el PRI) fue nombrado funcionario del ISSSTE durante la administración de Yunes Linares.
Así pues, Ricardo García es otro que sabe aprovechar los puestos públicos para hacer negocio.
El gran sello del gobierno de Javier Duarte en la designación de sus funcionarios.
¿Será casualidad o tendencia?