El PRI ha visto en las últimas semanas cómo fue destituido su “líder” en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y se ve difícil que este personaje no termine, por lo menos, procesado por varios delitos, entre ellos el de trata de personas; ha visto cómo un viejo cuadro, ex gobernador interino, ex secretario de Gobierno, diputado y funcionario de la Secretaría de Gobernación, Jesús Reyna, está arraigado y acusado de relaciones con los Templarios; a Reyna lo ha acompañado José Martínez Pasalagua, también ex diputado y dirigente local en Michoacán donde, además, es el empresario transportista más importante del estado; varios de sus presidentes municipales en Michoacán también han sido destituidos, reemplazados y seguramente otros terminarán procesados. Un importante presidente municipal en Guerrero fue detenido esta misma semana, acusado de encabezar una banda de secuestradores en su propio municipio. En Estados Unidos están siendo procesados varios ex funcionarios de Coahuila y Tamaulipas y otro ex gobernador, Tomás Yarrington, está prófugo de la justicia en ese país. Y hay muchos más casos.
Lo que llama la atención es la forma en que se han dado esos procesos y la, llamémosle, naturalidad con que el priismo (y también las oposiciones) ha tomado esa limpia, que ha sido, hay que decirlo, más intensa entre integrantes de sus propias filas que entre sus adversarios (¿un ejemplo?: Jesús Reyna ha terminado arraigado antes que su gran amigo, Leonel Godoy, que tiene una larga lista de explicaciones pendientes ante la justicia). Y la forma en que ha tomado el priismo esas decisiones y el ritmo con que las ha implementado la administración Peña llevan a pensar que no se trata de casualidades, sino de una estrategia consciente que implicará desembarazarse de lastres en el propio partido en el poder que le impidan tener mayor competitividad y legitimidad en su accionar.
La decisión de limpiar en lo posible la clase política michoacana parece ser algo más que un espacio de prueba para realizar operativos similares en otros puntos del país. El gobierno necesitará hacer cambios y limpiar entidades por razones que van desde la ineficiencia hasta la corrupción. No todos los involucrados en ese proceso son o deben ser priistas, ni todos deberán tener necesariamente una salida judicial. Hay muchos personajes de la oposición que son sencillamente impresentables, pero para tener la fuerza y la legitimidad para actuar sobre ellos, se debe comenzar con los propios.
No sé qué fuerza real tuvo la asesoría del general colombiano Óscar Naranjo durante el poco más de un año que estuvo cerca del presidente Peña Nieto, pero deberíamos recordar que, cuando se habla de las medidas que lograron transformar la situación de inseguridad y violencia en Colombia, y el general Naranjo fue pieza clave en ese proceso, de la mano con la ruptura de las redes criminales se dio una profunda limpieza del sistema político, empresarial y judicial. Hubo en Colombia más de 2 mil procesados por relaciones con el crimen organizado, incluyendo jueces, varios legisladores, empresarios y muchos operadores del propio partido en el gobierno. No fue una cacería de brujas, ni se realizó como una campaña publicitaria, se dio con naturalidad y viendo caso por caso, ignorando filiaciones partidarias. No se derrumbó ese sistema ni nada parecido, al contrario, salieron fortalecidos tanto el sistema como el entonces presidente Álvaro Uribe.
No sé, insisto, si ésa es la idea que subyace en la estrategia del presidente Peña, pero debería quedar muy en claro que si es así, ésa puede ser una decisión tanto o más importante que la más trascendente de las reformas estructurales propuestas y aprobadas en el último año. Si es así, la administración federal debe tener claridad para plantearlo y una narrativa adecuada para hacerle llegar el mensaje real a la ciudadanía y a los partidos, a propios y extraños.

ARROLLADOS

Un camionero desesperado por el bloqueo de horas por parte de normalistas que exigen que se les regalen plazas de maestros cuando terminen su carrera, en una carretera michoacana, realizado con la total y cotidiana indiferencia de las autoridades ante estos hechos, quiso romper el bloqueo y terminó arrollando a 12 manifestantes. Tres de ellos quedaron heridos de gravedad. La pregunta no es cómo ocurren estas cosas, sino por qué no ocurren mucho más a menudo. El hartazgo de la gente ante esos bloqueos en distintos lugares del país crece y más temprano que tarde se generalizará ese tipo de reacciones. Y las autoridades no podrán seguir actuando como si no pasara nada.