Después de la detención del capo más buscado del mundo y líder mucho tiempo en el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera mejor conocido como “El Chapo”, inminentemente surgen preguntas que se prestan a la reflexión amable lector. Y es que no solamente la federación está obligada a combatir a los “líderes de la maldad y el crimen”, es decir, a las personas que viven y se conducen por encima de la ley, sino también los gobiernos municipales y estatales están obligados a coadyuvar con el orden público y el estado de derecho.
Es de reconocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a poco más de un año con tres meses de haber iniciado su administración, haya logrado cosas importantes y trascendentales para la vida política y el desarrollo de nuestro país y no es sólo hablar de reformas como las que en 2013 fueron agenda diaria y permanente en el Senado y la Cámara de Diputados, sino también de los procesos en contra de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales, o del ex gobernador de Tabasco químico de profesión, Andrés Granier Melo. Ahora con la captura de Joaquín Guzmán Loera en Culiacán, Sinaloa, y el trabajo operativo militarizado que realiza el gobierno federal dentro del estado de Michoacán, pareciera que el presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad, encabezado por el encargado de la política interna del país y secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la república, Jesús Murillo, y el comisionado Mondragón y Kalb, está teniendo una estrategia trazada correctamente.
En las entidades federativas y en los municipios se dan otro tipo de mafias. Si bien es cierto que al crimen organizado compete frenarlo a la federación, las instancias estatales y municipales deben aportar. De igual forma existen grupos cupulares que deben ser investigados con todo el rigor de la ley. Esos grupos que se dedican a lucrar con la ignorancia y la pobreza de las personas, que manejan cuotas clientelares y extorsionan a más no poder a sus simpatizantes con el pretexto de ventas de terrenos a bajos costos, cometiendo fraudes y abusando del poder que muchas veces los cobija. Asimismo hay otros grupos que utilizan sus influencias para chantajear y amedrentar a quienes así les convenga, son esos grupúsculos los que deben ser investigados y, en caso de ser culpables, ser sancionados como lo marca la ley.
Los gobernantes de todos los rangos deben ser cautelosos, cuidar de los intereses ciudadanos y cumplir con las demandas que el pueblo les señale. Pero el gobierno, la gente que está en cargos públicos ejerciendo el poder debe hacerlo valer para que se cumplan las leyes y no cada quien haga, como dice el refrán cosa más buena y más gana, su regalada gana.
Si bien es cierto que la política conciliatoria es la mejor, no se debe de permitir ni dar el mínimo margen a que los grupos fuera de la ley o los “liderazgos” fácticos pongan de rodillas al gobierno, ya que éste debe velar por las mayorías por encima de los intereses de unos y de otros.
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