No pudo elegir mejor el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares como su representante en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, celebrado en Palacio de Gobierno, que al titular de la Secretaría de Gobierno, Rogelio Franco Castán, mientras él acudía a la Macroplaza del Malecón de Veracruz a la ceremonia de destrucción de armamento decomisado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Su desencuentro con el sector más numeroso de la población de Veracruz, las mujeres, ha sido constante y más le valdría reflexionar un poco sobre los momentos más críticos que ha protagonizado en sus poco más de 15 meses de gobierno.

Que nombrara al exdirigente estatal del PRD para que dijera el discurso de su gobierno este jueves, tiene un tufillo a descortesía, cuando no a desprecio por la lucha sostenida por las mujeres veracruzanas para rescatar derechos como los reproductivos y sexuales, negados por la Constitución y el código penal, donde no se dan garantías para evitar la criminalización del aborto en condiciones que se reconocen en el ámbito federal.

Por supuesto que puedo pecar de ejercer periodismo rosa o amarillista, pero ha sido pública en dos ocasiones la proclividad del señor Secretario a recetarle puñetazos a su esposa, Guillermina Alvarado González, víctima hasta donde podemos intuir de grave violencia intrafamiliar, pues tras mostrar en sus redes sociales fotografías de su rostro golpeado y magullado, con marcados hematomas y derrames oculares, de inmediato ha debido salir a corregir la plana aduciendo que tales imágenes, manipuladas, fueron subidas por terceros interesados en afectar la carrera política del perredista.

En dos ocasiones, en su cuenta de Facebook, la señora Alvarado ha mostrado imágenes acompañadas de comentarios donde denuncia a Franco Castán de haberla agredido físicamente, la primera en septiembre de 2016 y la más reciente en junio de 2017, y en ambos casos ha salido después a desmentir las que creemos son sus propias publicaciones. Ya sabemos, además, cómo se las gasta el funcionario en materia de contratación de mujeres hermosas, seguramente para recrearle las pupilas de sus extenuantes jornadas laborales, la mayoría cumplidas torturando sus acojinados sillones.

“Este día –dijo Franco Castán en la ceremonia– es crucial para reconocer los avances de los derechos de las mujeres y para que las autoridades, partidos políticos, sociedad civil y academia apretemos el paso para pasar del impulso a la acción y de la sensibilización al compromiso para lograr que todas las mujeres encuentren una respuesta clara, una política pública que dé respuesta a sus necesidades”.

Tal discurso se contradiría en su propio domicilio. En la primera ocasión en que su esposa lo denunció en redes sociales dijo que el entonces líder estatal del PRD “no me permite trabajar ni hacer nada; no tengo una libertad financiera, todo lo maneja y controla”.

No ha habido de las autoridades ministeriales la efectividad que ha mostrado, por ejemplo, para llamar a declarar a la investigadora del UV, Rosío Córova Plaza, quien reveló resultados de un investigación en que estudiantes de la UV habrían citado casos de secuestro y levantones, y este mismo día a la regidora de Morena en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, Eusabia Cortés, quien dio a conocer a la prensa las denuncias de trabajadores de panteones de que eran sujetos de cobro de piso por parte de delincuentes. Nunca se les ha ocurrido llamar al Secretario de Gobierno a aclarar esta situación grave de violencia intrafamiliar, quien con el mayo cinismo dijo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que “el compromiso es contar con las condiciones necesarias para que las mujeres, niñas, jóvenes, adultas y mujeres mayores tengan garantías para erradicar y sancionar la violencia en su contra con un mensaje contundente de cero tolerancias”.

Veracruz ha sido acreedor de dos alertas de género, como hemos comentado en entregas anteriores, pero en lugar de dar instrucciones a las corporaciones policiacas para proteger a las mujeres de actos de violencia que están incrementando el número de feminicidios, el gobierno yunista ha establecido un clima de linchamiento mediático y confrontación, como los exabruptos del Fiscal Jorge Winckler en contra de la investigadora de la UV, Rosío Córdova, o los desafortunados comentarios hechos en rueda de prensa por el titular de la Sedesol, José Rodrigo Marín Franco, quien se refirió a la diputada de Morena, Rocío Nahle, como ‘vieja mitotera’.



Se multiplican los feminicidios en Veracruz



Aunque seguramente será llamada por el Fiscal Jorge Winckler, quien ya debió ordenar abrir una nueva carpeta de investigación, este jueves la diputada local de Morena Guadalupe Osorno dijo que, según datos del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, en Veracruz hay de 20 a 25 mujeres asesinadas por mes, lo que quiere decir que las cifras no han disminuido, pese a que se han dictado dos Alertas de Violencia de Género para la entidad.

Aunque en septiembre pasado se cumplió un año de tener en Veracruz una Alerta de Violencia de Género no se han visto avances ni mejorías que ayuden a conservar la vida de las mujeres. Habrá que ver qué se está haciendo en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, donde se decretó Alerta de Violencia de Género, y qué está haciendo el gobierno estatal para coordinarse con ellos, cuatro de elos por cierto en manos de Morena.

Osorno Maldonado acusó una tendencia del gobierno del estado a “minimizar” la problemática de hacer cumplir los derechos de las mujeres, y esto se comprueba en los “pocos” recursos destinados para combatir los feminicidios, así como el año que tardó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en designar a la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).



Falta mucho para cumplir con las alertas de género en Veracruz



Solo 68 de las 102 acciones derivadas de la emisión de la primera alerta por violencia de género se han cumplido, reconoció el director general de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, Juan José Niño Tejedor, quien lo justificó por el hecho de que las acciones son progresivas y que por ello a más de un año de emitirse, solo se hayan logrado establecer la mitad de las acciones recomendadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El próximo 20 de marzo se reunirá el grupo de trabajo con autoridades de la Conavim para dar cuenta de los avances en la lucha contra la violencia feminicida. Por lo pronto, según el funcionario federal, se ha comenzado a trabajar con los Ayuntamientos que recién entraron en funciones y que ya destinaron acciones específicas dentro con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), para acciones de la alerta de violencia de género. Añadió que incluso la Fiscalía General del Estado (FGE) ha revisado todos sus protocolos para la integración de sus carpetas de investigación en cuestiones de violencia.

“Este programa ya fue sometido a evaluación de la Conavim por si quieren hacer eventualmente alguna observación para efecto de aterrizar estos protocolos que se trabajan en la Fiscalía desde 2015”.



Falta para lograr la igualdad de mujeres en congresos locales



En este momento, solo en siete de los 30 congresos locales las mujeres representan 50% o más (Chiapas, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua y Campeche). Según una nota publicada este 8 de marzo en El Universal, hay 415 mujeres legisladoras en los congresos locales de 30 estados frente a 569 hombres, lo que significa que 42.14 por ciento de las curules estatales están ocupadas por diputadas. En contraste, en 2010 las mujeres representaban poco más del 23 por ciento, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres.

La nota firmada por la periodista Alicia Pereda Martínez señala que hay tres estados (Morelos, Tlaxcala y Puebla) donde las diputadas no representan ni la tercera parte de sus congresos. En ellos, las legisladoras representan apenas de 20 a 29 por ciento. En Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Jalisco, Oaxaca y Michoacán ocupan de 41 a 49% de las curules. En Hidalgo y Guerrero representan el 40%.

De los estados restantes, nueve legislaturas están integradas por mujeres en una proporción de 30 a 39 por ciento: Sonora, Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Nayarit, Yucatán, Colima, Baja California y San Luis Potosí. En el caso de Veracruz, las diputadas representan el 38%.

En 2014 se reformó el artículo 41 constitucional, el cual ordenaba que al menos en el registro de candidaturas todos los partidos incluyeran al mismo número de hombres y mujeres (50-50). “Los partidos políticos tienen como fin (…) garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales”.

En cada elección, sin embargo, cambian las condiciones y es posible que años más adelante la situación empeore para las mujeres dedicadas a la política.



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