A diferencia de la mayoría de los gobernadores electos en 2016, el panista Miguel Ángel Yunes Linares no removió al auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, como en cambio sí maniobró de inmediato para reemplazar en la Fiscalía General del Estado (FGE) al duartista Luis Ángel Bravo Contreras por Jorge Winckler Ortiz, su abogado incondicional.

El caso de Portilla Vázquez ha llamado la atención porque el pasado jueves Yunes Linares, al presentar la página electrónica de Bienes Recuperados, a pregunta expresa de los reporteros que le preguntaron sobre algunos ex funcionarios duartistas que no han sido llamado a cuentas por la FGE –concretamente le mencionaron a los diputados locales Juan Manuel del Castillo, del PRI, y Vicente Benítez González, del PANAL; ex subsecretario de Finanzas y ex tesorero de Sefiplan, respectivamente–, el mandatario estatal del PAN respondió que “para nosotros no hay ‘intocables’ y prueba de ello es que el jefe de la banda está en la cárcel y que está en proceso de investigación el otro jefe de la banda…”, en alusión a los ex gobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán, a quien hace un mes la Fiscalía mandó un citatorio a uno de sus domicilios particulares en Xalapa para que se presente a declarar sobre la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/06/2016 referente al uso de medicamentos clonados y caducos presuntamente adquiridos en su administración y en la Duarte de Ochoa.

Sin embargo, al auditor general del ORFIS no lo han tocado, igual que al excontralor general del estado, Ricardo García Guzmán, a quien Yunes acusó de ser “tapadera de Duarte” en un acto de campaña en Pánuco, municipio natal del ex funcionario que es gobernado actualmente por su primogénito Ricardo García Escalante.

Y es que el 12 de noviembre de 2014, Ruperto Narváez Bellazetín, en su calidad de director general Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) ya que ocho meses antes, el 7 de marzo de ese año, Portilla Vázquez, como titular del ORFIS; Fernando Charleston Hernández, a la sazón secretario de Finanzas y Planeación, y el entonces contralor general del estado, Mauricio Martín Audirac Murillo –el único que está recluido en el penal de Pacho Viejo–, celebraron y firmaron con personal de la ASF “la Minuta de Trabajo referente al seguimiento del origen y aplicación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa , de las Cuentas Públicas 2008 a 2011”, en la que asumían formalmente, entre otros, tres compromisos medulares: (1) “El ESTADO reconoce que con motivo de la conclusión del análisis realizado por la ASF a las operaciones derivadas de los reintegros

efectuados de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 se ha determinado la existencia de recursos de origen federal que deben ser depositados por el ESTADO a las cuentas…”; (2) “el ESTADO… asume la obligación de efectuar cada uno de los depósitos y aplicaciones de los recursos federales señalados, así como los rendimientos financieros… para lo cual remitirá a la ASF… el calendario con las fechas que efectuara los depósitos a las cuentas bancarias que tienen aperturadas para el manejo de los fondos…”; y, (3) “El ESTADO asume la responsabilidad de remitir copia certificada de los documentos que amparen el depósito… así mismo, el estado deberá proporcionar el programa de aplicación de los recursos correspondientes a cada fondo o programa…”

Pero en su denuncia de hechos, el director general Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, quien a su vez daba vista al Lic. Gerardo Raymundo Arizaga Cortés como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, sustentó documentalmente que “los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, firmantes de la Minuta de Trabajo a que se ha hecho referencia, incumplieron a todas luces los compromisos adquiridos con la Federación en el sentido de reintegrar en su totalidad los recursos federales asignados para Programas específicos y destinados a otros distintos a los originalmente establecidos”.

Además, en razón de los hechos expuestos en la referida denuncia, el director general Jurídico de la ASF demandaba también a la PGR “investigar y determinar si incurrieron en responsabilidad otros servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz que por razón de su encargo y funciones pudiesen tener intervención en los hechos denunciados, es decir los CC. Tomás José Ruiz González, Edgar Spinoso Carrera y Vicente Guillermo Benítez González, en su carácter de apoderado legal y firmantes como clientes en el contrato, respectivamente de la cuenta bancaria número 65502838089, de la Institución Bancaria Santander (México), S.A., de Servicios de Salud del Estado de Veracruz y de igual forma los CC. Luis Fernando Antiga Tinoco, Timoteo Aldana Carrión, así como Enrique Rodríguez Piñero quien se desempeñó como subdirector de Recursos Financieros y Rodrigo Joel Armas Márquez quien se desempeñó como Jefe de Departamento de Cuentas por Pagar, todos ellos de los Servicios de Salud de Veracruz y quienes aparecen como apoderados legales de la cuenta bancaria número 4049633696, de la Institución Bancaria HSBC México, S.A., a nombre de los Servicios de Salud de Veracruz; toda vez que su conducta consistente en realizar transferencias de recursos financieros, hacia la cuenta bancaria número 4049633696, de la Institución Bancaria HSBC México, S.A., sin que se haya comprobado que los recursos fueron destinados al cumplimiento de los objetivos de dicho Programa, en el ejercicio presupuestario correspondiente.”

¿No que no hay “intocables” en Veracruz? Ah, pero el viernes pasado, como auditor general del ORFIS, Portilla Vázquez entregó al Congreso local –cuya Junta de

Coordinación Política y principales comisiones legislativas se agandallaron los panistas que lidera el diputado Sergio Hernández– el informe de la Cuenta Pública 2016, en la que se cuantifica un presunto daño patrimonial por más de 12 mil 592 millones de pesos en el último ejercicio fiscal de la administración duartista, de los cuales 718 millones 497 mil 195 pesos corresponden a observaciones a los entes municipales; 6 mil 883 millones 803 mil 779 pesos a la cuenta pública consolidada, y 4 mil 989 millones 949 mil 830 a los entes estatales.

¿A poco el gobernador Yunes Linares sería capaz de usar esta información para intimidar y coaccionar a los alcaldes y ex funcionarios duartistas implicados en estos presuntos desvíos para que en 2018 apoyen el proyecto transexenal de su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, tal como en la sucesión presidencial de 2006 los operadores electorales y financieros de su ex jefe Felipe Calderón lo hicieron con el empresario chino-mexicano acusado de tráfico de drogas, Zhenli Ye Gon, a quien le dijeron “coopelas o cuello”?

HÉCTOR YUNES, ¡APROBADO!

El senador priista Héctor Yunes Landa andaba la semana anterior muuuuy motivado.

Y es que la organización de la sociedad civil, Borde Político, dio a conocer el pasado lunes los resultados de su Plataforma de Evaluación Legislativa Borde BS Score, en la que sólo Yunes Landa y otros 11, de los 128 senadores en total, aprobaron los tres rubros: el trabajo legislativo que valora las iniciativas, puntos de acuerdo y asistencia a votaciones; el rol político que valora cuál es la posición del legislador dentro de los órganos legislativos y el porcentaje de ciudadanos cuyas posturas coinciden con las del legislador; y el extra legislativo que se compone de su calificación en redes sociales y la cantidad de notas en medios digitales.

El listado, presentado hace una semana en la Cámara alta, reveló la calificación otorgada a los representantes del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.

También se dio a conocer que un total de 15 senadores no han registrado una sola iniciativa propia en lo que va de la 63 Legislatura, entre ellos la veracruzana María del Rosario Guzmán Avilés, suplente del senador Fernando Yunes Márquez (PAN) y hermana del secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado, Joaquín Guzmán.

En el último lugar de la lista se coloca al senador panista Salvador Vega Casillas, un michoacano que fue titular de la Secretaría de la Función Pública en el sexenio presidencial de su compadre Felipe Calderón, y quien actualmente preside la Comisión de Energía en el Senado de la República.

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