AUNQUE NADIE de los legisladores federales, encubiertos, prácticamente por el manto de la impunidad, socios del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deben sentirse tranquilos ante las investigaciones que se realizan en Veracruz, por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, en este momento, cuando menos, se encuentran amparados por el fuero constitucional, pero tarde o temprano, ese manto dejará de cubrirlos, a tal gran de que se quedaran totalmente descobijados y en posibilidades de ser detenidos por las autoridades que los reclaman.

No son todos, se aclara, pero la mayoría de ellos se encuentran seriamente implicados en casos de corrupción, emanada de su anterior responsabilidad política y dentro del quehacer público que tuvieron, precisamente en la pasada administración y donde, se calcula, que se encuentra, por lo menos, el cuarenta por ciento de los recursos que fueron saqueados de las arcas estatales.

Es justo, por lo tanto, el reclamo permanente de la sociedad, expresado a través de partidos políticos, incluyendo al propio PRI, que ahora más que nunca se apresura a desligarse de estos malos militantes que en lugar de darle prestigio, lo han lanzado a su casi exterminación política.

Por eso, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, deben llegar a fondo, con la intención de reunir los elementos indispensables para solicitar al juez correspondiente, la orden de aprehensión, antes, si es que el desafuero tiene lugar o después, cuando hayan concluido su gestión en la Cámara de Diputados federal.

Por ahora, se han desechado intenciones del propio Fiscal General del Estado, por no haber integrado debidamente los expedientes, tal y como ha sucedido en otros casos, dejando que deje de aplicarse correctamente la ley. Lo anterior, se deriva, también, de la falta de experiencia, tanto en el titular de la Fiscalía como de los propios abogados que se encuentran sirviendo en esta dependencia persecutoria de los delitos en Veracruz.

Sin embargo, esto no quiere decir, que no existan delitos, como los que actualmente se le están indilgando a uno de los implicados en la desaparición de por lo menos tres mil millones de pesos en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado, es decir, del actual diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos.

El otro caso tan sonado, también, y que le han dado la vuelta permanentemente para no darle entrada al proceso correspondiente de desafuero, es sin duda, el de Tarek Abdalá, el poderoso ex tesorero de la Secretaría de Finanzas, a quien, se le atribuyen los desvíos más importantes de la era duartista. En esta caso, hay material suficiente, pero que a la fecha no se ha logrado reunir convenientemente y es por eso que tampoco, este proceso ha seguido su marcha, como supuestamente se pensaba hace algunos meses, cuando todo estaba dispuesto para que se le iniciara el juicio de procedencia y concluir con el desafuero que les permitiera a las autoridades veracruzanos, ejercer la acción penal en su contra.

Pero nada, primero por la falta de conocimiento jurídico suficiente en la Fiscalía General del Estado, así como la desmedida prisa que han tenido para llevar ante los tribunales al mayor número de ex funcionarios del Gobierno anterior, y luego, porque, también, allá, en la propia Cámara de diputados, se han dado acciones legaloides para evitar que estos personajes que se sostienen con recursos económicos, fuera de la acción penal, puedan ser atrapados al no acordarse el juicio correspondiente que lo ponga en condiciones de ser detenido y puesto a consideración del juez correspondiente que lo reclame.

Son, como se ve, varias circunstancias que han estado mediando para evitar que se sigan los procedimientos legales en contra de estos legisladores, más los que aparezcan, para desaforarlos y ponerlos en las mismas condiciones que todos los ciudadanos veracruzanos, pues es de entenderse que nuestro sistema jurídico establece plenamente que ante la ley todos somos iguales, por lo que estos personajes de la vida pública de Veracruz, y de México, no deben gozar de privilegios, como es escudarse en un manto político y jurídico que se llama fuero constitucional, para evitar que sean llamados a cumplir con su responsabilidad penal en el caso de que resultes verdaderamente ciertos los delitos por los cuales han estado siendo acusados a través de vox populli, y de los propios medios de comunicación, quienes cumplen, solamente, su responsabilidad de ser enlaces con la sociedad que demanda estar bien informada.

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JORGE WINCKLER, Fiscal General del Estado, ha mencionado recientemente que es el Órgano de Fiscalización Superior, en el Estado de Veracruz, el que, de alguna manera, ha estado aportando datos importantes de los desvíos que se hicieron durante la pasada administración, derivados de las auditorías correspondientes en lo que concierne a la cuenta pública del Gobierno del Estado.

No dice nada, respecto de los expedientes secretos de la Contraloría General del Estado, donde existe la mayor riqueza informativa de los hechos delictuosos de la pasada administración.

De ahí se desprende, dice el titular de la Fiscalía General del Estado, los estados financieros que se han estado estudiando a fondo, como por ejemplo, en la propia Coordinación General de Comunicación Social, donde se ha detectado un importante movimiento irregular de recursos que no lo dijo textualmente el fiscal, pero que se ha colado hacia medios de comunicación como una cantidad aproximada a los tres mil millones de pesos.

Por este supuesto delito, no se ha girado ninguna orden de aprehensión, pero algo que tampoco dijo el funcionario, es que, siendo dos personas más involucradas que otras, la primera de estas acciones pudiera recaer en contra de Gina Domínguez Colío, que todavía, hasta donde se tiene noticia, es responsable de un área política del Partido Revolucionario Institucional, la cual, no tiene cobija que la cubra, pues no goza de fuero como lo tiene el también ex coordinador de la misma dependencia, Alberto Silva Ramos.

Esta es la diferencia, por lo que se supone que la primera orden de aprehensión que se otorgue por un juez competente, tal y como ya lo comentamos en otros espacios de este mismo autor, podría ser para la ex vocera gubernamental, Gina Domínguez Colío.


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