Desde hace más de un mes, el martes 14 de febrero, a través de una inserción periodística el consorcio TenarisTAMSA, que es uno de los mayores fabricantes de tubos de acero que provee a la industria energética mundial –principalmente a las compañías exploradoras y productoras de petróleo y gas– solicitó la “atenta y urgente intervención” del presidente Enrique Peña Nieto “para hacer respetar el estado de derecho y la libre voluntad del voto” de los trabajadores de su planta ubicada en el municipio del puerto de Veracruz.
En el texto, marcado con copia al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como a los secretarios de Trabajo y de Economía del gobierno federal, Alfonso Navarrete Prida e Ildefonso Guajardo Villarreal, el representante legal de la empresa, Luis Gerardo Cárdenas Hernández, expuso que “la resolución 211.2.2.-0484 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del 30 de enero de 2017, que reconoció como Secretario General del Sindicato ‘Unidad y Progreso’ a José Carlos Guevara Moreno, ha generado un clima de incertidumbre laboral que pone en riesgo las operaciones de TAMSA y a sus más de 5 mil trabajadores directos, contratistas, clientes y proveedores y a la comunidad en general.”
Cárdenas Hernández refería que “en elecciones celebradas por voto libre y secreto el 22 y 23 de septiembre de 2016, Pascual Lagunes Ochoa fue reelecto como Secretario General del Sindicato para el periodo 2016-2020, con la participación de casi el noventa por ciento de los trabajadores sindicalizados y con la presencia y supervisión de representantes de la STPS y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).”
El abogado de la empresa puntualizaba que “así lo reconoció y sancionó la propia Secretaría, mediante la toma de nota que le otorgó el 26 de ese mismo mes” a Lagunes Ochoa, mientras que “José Carlos Guevara Moreno, despedido justificadamente por TAMSA en 2013 por participar en hechos violentos dentro de nuestras instalaciones y sobre quien pesa una denuncia penal, no presentó en esa oportunidad una planilla alternativa.”
“A pesar de ello, el 30 de enero de 2017, la STPS expidió un oficio de ‘toma de nota’ en el que reconoce a Guevara Moreno como Secretario General del Sindicato, con base en una supuesta asamblea realizada el 1 de octubre de 2016, de 10:00 a 16:00 horas, a la que habrían asistido dos terceras partes de la plantilla laboral. Ese día, sin embargo, no hubo mayores ausentismos en la planta de TAMSA, por lo que es imposible que cerca de dos mil trabajadores hubieran asistido. Por otro lado, el motivo para la asamblea habría sido el abandono total y definitivo de las funciones sindicales por parte de Pascual Lagunes Ochoa y su Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, algo que tampoco ocurrió”, consignaba el representante legal de este consorcio que durante 60 años ha contribuido al crecimiento de la industria energética mexicana y que actualmente cuenta con tres plantas de fabricación de tubos, una Universidad Corporativa y un Centro de Investigación y Desarrollo, en el municipio de la Ciudad de Veracruz.
Cárdenas cuestionaba que “de manera apresurada el mismo día en que recibió la solicitud de Guevara Moreno, la STPS le concedió la toma de nota, sin constatar la veracidad de los hechos presentados ni advertir las notorias incongruencias del acta que Guevara exhibió, como por ejemplo que la fecha de la convocatoria a asamblea es tres meses posterior a la fecha de su realización.” El abogado señalaba que “es llamativo el trámite ejecutivo, en menos de 12 horas, cuando la STPS contaba con 60 días para analizar y decidir.”
“Una acción como ésta genera un clima de incertidumbre y zozobra en el interior de nuestra empresa y pone en riesgo sus operaciones, la seguridad de los trabajadores y los compromisos adquiridos con los clientes y proveedores”, advertía el representante legal de TAMSA, quien reiteraba “sobre los riesgos que emergen de las acciones tomadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con base en hechos no probados, que pueden resultar en una alteración de la seguridad y paz que debe prevalecer en nuestra planta industrial.”
Por ello, solicitaba “que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde y tomen las determinaciones necesarias para hacer cumplir la ley, asegurar el estado de derecho y respetar íntegramente la libertad de elección, por parte de los trabajadores de la empresa, de sus representantes.”
Cárdenas puntualizaba que “TAMSA es absolutamente respetuosa de la libertad y la autonomía sindical y no es su intención intervenir en la elección de los representantes de su fuerza laboral, pero (que) no puede quedarse cruzada de brazos ante la evidente violación al derecho de sus trabajadores que implica un potencial riesgo en sus operaciones y en los compromisos adquiridos con los clientes y proveedores.”
No obstante, el pasado 24 de marzo, 38 días después de este oportuno llamado de alerta, estalló la violencia en la sede del Sindicato Nacional Unidad y Progreso, de TAMSA. El saldo: dos muertos y 22 heridos, de los cuales cinco laboran en la empresa y uno aún se debate entre la vida y la muerte por una herida de bala.
El arbitraje laboral para dirimir este conflicto sindical corresponde, por supuesto, a la autoridad federal, ¿pero acaso no el gobierno del estado estaba obligado también a coadyuvar en la estabilidad de una importante fuente de trabajo como TAMSA? En este caso obviamente hubo negligencia criminal y debería deslindarse responsabilidades a los funcionarios estatales que fueron omisos, bien por indolentes o por un mal calculado interés político-electoral, pues nadie ignora que el dirigente Lagunes Ochoa, a quien el grupo disidente de Guevara intenta deponer, es un recalcitrante priista muy allegado al senador Héctor Yunes Landa, ex candidato del PRI a la gubernatura y uno de los principales críticos del mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN.
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